EL SECTOR PIDE CAMBIOS AL SISTEMA TRIBUTARIO Transporte advierte con retomar movilizaciones

EL PEDIDO

El transporte pesado nacional exige que se le permita descargar el pago de tributos con facturas de consumo de todo tipo y no sólo las que se refieren a su actividad, como actualmente sucede.

El transporte pesado del país, tras un ampliado nacional, dio un plazo de diez días al Gobierno para dar una respuesta a su demanda de cambios al sistema tributario y calificó de infructíferas las mesas de trabajo instaladas desde hace un mes y medio.

El ejecutivo de la Unidad de Transporte Pesado de Chuquisaca, Carlos Mora, informó que los representantes de los nueve departamentos, en el ampliado del sector en Cochabamba, decidieron por unanimidad hacer llegar una nota al presidente Evo Morales para exigir la atención a sus reivindicaciones.

Asimismo, el dirigente enfatizó que dieron un plazo hasta el 9 de mayo, caso contrario no descartan retomar sus movilizaciones a nivel nacional. “Hemos dado diez días de plazo para que nos pueda atender a nuestras peticiones que hasta la fecha no tenemos nada claro pese a las mesas de trabajo donde hemos estado casi alrededor de un mes y medio, pero lamentablemente no hemos tenido solución”, remarcó.

En febrero, el transporte pesado nacional bloqueó las carreteras del país por una semana, siendo Chuquisaca la primera y última en levantar la medida, exigiendo que se les permita descargar el pago de tributos con facturas de consumo de todo tipo y no sólo las que se refieren a su actividad, como actualmente sucede.
Siete días después de la medida de presión, el sector decidió dialogar con el Gobierno y accedió a participar de las mesas de diálogo.

"En una primera reunión el Presidente dio toda la predisposición de darnos solución, pero entramos a las mesas de trabajo con la Viceministra de Política Tributaria (Susana Ríos) y a la fecha no ha servido de nada para nosotros, entonces se tomó esta decisión", remarcó.

Durante el conflicto, el Gobierno respondió que no podía aceptar esa demanda porque implicaría una pérdida para el Estado de unos $us 71 millones anuales.