Los transportistas que prestan el servicio público en la capital cruceña están en busca de renovar sus buses, pero aseguran que necesitan un plan que les dé seguridad jurídica para poder invertir.
José Salces, secretario general del sindicato 24 de Septiembre, dijo que su sector necesita seguridad jurídica. “En los mercados le dan un usufructo de 20 años, igual deberían darnos en las rutas”, expresó.
Desde la Dirección de Tráfico y Transporte señalan que precisamente se trabaja en el cambio del parque automotor, porque el gobierno municipal tiene un plan de transporte masivo, pero primero se está trabajando en el tranvía urbano, porque se lo está impulsando con el Gobierno nacional.
El tranvía descongestionará los micros, porque ya tienen una ruta primicial que abarca el segundo y el cuarto anillo, además de vías troncales.
Los micros mantendrán sus rutas, pero se harán los cambios que obligue la infraestructura que se va construir.
Róger González, ejecutivo de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, informó de que tienen el compromiso del presidente Evo Morales para ser respaldados en créditos, lo que permitirá adquirir nuevas unidades.
En este sentido, hasta la próxima semana presentarán sus requerimientos, porque están viendo la marca y el modelo más adecuados. En este momento circulan unos 16 vehículos nuevos en las diferentes rutas.
Aldo Melgar, dirigente del Sindicato Santa Cruz, dijo que el municipio tiene que acompañar con la educación ciudadana.
El taxímetro va sí o sí
El director de Tráfico y Transporte, Carlos Alberto Moreira, manifestó que este año será el año del taxímetro, porque la reglamentación ya está terminada y se remitirá al Concejo Municipal para su aprobación. Luego se darán 90 días para el registro antes de su aplicación.
Según la autoridad, seis de las ocho asociaciones que aglutinan al sector de taxis y radiotaxis están de acuerdo con la aplicación.
Carlos Mamani, dirigente de la Asociación de Radiomóviles del Sur, adelantó que presentarán un memorial al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor y no descartan denunciar al Ministerio de Transparencia, porque quieren que la ordenanza que pone en vigencia al taxímetro se anule
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