Nuevas tarifas y multa de Bs 100 para ‘trameadores’

Las nuevas tarifas de minibuses y carrys rigen desde el lunes. Como en marzo de 2013, cuando se aprobó la escala por tramos, el ajuste viene atado al compromiso de la Alcaldía y los choferes de acabar con el “trameaje”, aunque hoy el infractor se arriesga a pagar Bs 100 de multa.

“El lunes —22 de febrero— tiene que eliminarse el ‘trameaje’. Tal vez no será ese día, pero no puede durar más de dos o tres días, porque el momento en que el usuario tenga al interior del vehículo un tarifario, que dice tarifa única de Bs 2, no hay ningún argumento del conductor de decir ‘hasta aquí es mi ruta’”, sostuvo el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

El 5 de febrero, la autoridad dio a conocer los nuevos pasajes para esta modalidad —en la que se moviliza el 80% de los que usan el transporte público en La Paz, según el gobierno local—, para lo cual dividió la mancha urbana en dos áreas: norte y sur, cuyo hito divisor es la Curva de Holguín.

La tarifa para circular dentro de las dos áreas es de Bs 2 y para cruzar de una a otra, de Bs 2,60. La nueva estructura descarta la división entre pasajes por tramos cortos, largos y extralargos, vigentes desde 2013, de Bs 1,50, Bs 2,40 y Bs 2,80, respectivamente. Quienes pagaban 1,50, desde el lunes abonarán Bs 0,50 más; los que desembolsaban Bs 2,40 tendrán que aumentar Bs 0,20, y los que abonaban Bs 2,80 se ahorrarán Bs 0,20.

Algo similar pasa con los precios de micros y buses, de Bs 1,50 dentro de cada área y de Bs 1,80 en recorridos “extralargos”. Esta modalidad tenía dos tarifas diferenciadas: una corta de Bs 1 y una larga de Bs 1,80.

La tarifa nocturna, que hoy se aplica a partir de las 21.30, se adelantará una hora e implica el pago adicional de Bs 0,20 (actualmente, el recargo nocturno es de Bs 0,50).

El Gobierno Municipal de La Paz cuenta hoy con dos instrumentos normativos: la Ley para el Control del Servicio Público de Transporte (Ley 167), que tipifica como infracción gravísima el fraccionamiento de las rutas y el cobro por tramos, y la Ley de Rutas y Recorridos (Ley 168).

El reglamento de la primera norma, divulgado el jueves 18, incrementó el monto de las multas entre 300% y 150%. La sanción para faltas gravísimas pasó de Bs 20 a Bs 100; la que castiga las faltas graves, subió de Bs 15 a Bs 50; y la que multa las leves se elevó de Bs 10 a Bs 25.

Por otra parte, con una inversión de unos Bs 285.360, la Alcaldía equipó a la Guardia Municipal de Transporte (GMT) con tabletas para verificar el cumplimiento de rutas en 34 puntos en los que se constató que se “tramea” (Ver infografía), e impresoras portátiles para emitir los memorándums de infracción.

Los municipales contarán con el apoyo de un millar de funcionarios.

A ello se suma el autocontrol comprometido por sindicatos, asociaciones y cooperativas, que sacarán a las calles a sus inspectores y guardias que impondrán otras sanciones a sus afiliados (suspensiones de días e incluso definitivas).

“La primera medida que será implementada este lunes, es el control de la inspectoría sindical que estará ubicada en puntos específicos, de acuerdo a nuestro propio cronograma; el objetivo es que no haya trameaje” , sostuvo Rubén Sánchez, ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo.

Asimismo, exigirán a sus afiliados que porten sus hojas de ruta diarias.

El usuario también tiene a disposición la app Tramicida, para smartphones, a través de la cual puede denunciar no solo a los “trameadores”, sino a reportar otras faltas. A ellas se suman, además, los documentos de compromiso suscritos por los operadores de mejorar el servicio y cumplir las normas; y un pacto entre choferes, vecinos y Alcaldía destinados a elevar la calidad del servicio, en el que se fijan obligaciones.

El lunes, según Revilla, es el inicio de una nueva etapa del servicio que prestan los operadores privados, caracterizado por el desorden, el congestionamiento, baja velocidad en zonas centrales, parqueo indiscriminado, entre otros, que reducen la calidad de vida de sus habitantes (Diagnóstico de Gerenssa 2012).

Debido a las estrategias de los transportistas para aumentar sus ingresos —consistente en priorizar rutas de alta demanda, fraccionar recorridos a fin de maximizar sus ingresos, cambiar rutas para seguir las de mayor demanda— se generó sobreoferta en zonas centrales y demanda insatisfecha en áreas periféricas, dijo la consulta en el mismo estudio.

En 90 días, como establece la Ley 167, los operadores de esta modalidad deben adecuar sus motorizados a los criterios técnicos y de calidad, aprobados mediante otra resolución edil que establece ocho criterios y 30 disposiciones concretas.

Los más importantes son: erradicar los carteles en los que se anuncian los recorridos, eliminar a los voceadores o cobradores, a menos que trabajen sentados, y la identificación de los vehículos por el color de su luminaria; así, el del Macrodistrito Sur será azul, y el de Periférica, verde.

La norma prohíbe asientos que no vengan de fábrica, dispone que no debe haber ventanas clausuradas, obliga a pintar la matrícula en los paneles laterales de los vehículos para seguridad y control del usuario e impone un límite de 12 decibeles al volumen de sus equipos de sonido.

Los depósitos de combustible, de gas o gasolina, que en algunas unidades se guardan a la altura de la pisadera están prohibidos porque ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

Asimismo, deben efectuar una limpieza diaria de los motorizados.

“El no tener los vehículos en condiciones en los tres meses que establece la ley, también será reportado como una infracción grave y tendrán que pagar la multa”, aclaró Revilla.

Así, tras casi tres años de congelamiento, este lunes se aplicará en la urbe un nuevo ajuste tarifario, y el desafío hoy es el mismo de entonces; acabar con el “trameaje”.

Vecinos están divididos

Acuerdo

Dirigentes del Control Social y la Fejuve reconocida por la Alcaldía de La Paz dicen estar de acuerdo con las nuevas tarifas, siempre y cuando se acabe con el “trameaje”.

Protestas

Las otras dos Fejuve, afines al MAS, protestaron en la semana contra la aplicación de lo que califican como un “tarifazo”, que retomarán tras la pausa por el referéndum.