El transporte pesado nacional e internacional reiteró ayer que irá a un paro indefinido con bloqueos de caminos desde este lunes, en protesta de la aprobación del Código Tributario modificado; además, pide la liberación de sus compañeros. El Gobierno afirma que toda la semana se reunió con el sector y que está dispuesto a convocarlos.
"Para el lunes está confirmado el paro con bloqueos a partir de las cero horas; no podemos seguir dando plazos, ya se les dio 20 días, pero en ese tiempo sólo se registraron ocho detenidos que están en Sucre, parece que hay una cacería de brujas”, dijo ayer el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, Fidel Baptista, en contacto con ERBOL.
No obstante, el ministro de Economía, Luis Arce, afirmó que toda la semana la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, y el presidente de Impuestos, Mario Cazón, se reunieron con sus dirigentes para explicar los alcances de los artículos modificados en el Código Tributario y atribuyó la amenaza de paro a temas judiciales.
"Exhortamos a los transportistas para que no respalden a sus dirigentes; el paro no tiene nada que ver con la población ni con el Gobierno, son temas que están en la justicia ordinaria y para respaldarlos están provocando un paro que me parece injusto con la población”, afirmó el Ministro.
Dijo que a las anteriores reuniones convocadas los transportistas no se presentaron.
Agregó que si el problema es la convocatoria al diálogo el Gobierno está dispuesto a llamarlos una vez más.
Según Baptista, el transporte pesado tiene cuatro demandas sobre el tema tributario: universalización de facturas; prescripción de deudas a los cuatro años; deuda hereditaria, pues observan que los hijos y nietos se quedan con la deuda; y la reposición del 30% y 70% del combustible.
El dirigente aseguró que esos temas se consideraron en las comisiones, pero al final se promulgó otra ley que no incluye todas sus peticiones.
Anticipó que si el Gobierno los convoca al diálogo, ellos están prestos a asistir.
También denunció que fue intimidado por la Administración Tributaria con una fiscalización de hace tres años (2012-2014), descargo que incluye la presentación de todas las facturas en cinco días de plazo.
Paralelamente, exigen la liberación de sus compañeros que están detenidos preventivamente en Sucre, por los delitos de asociación delictuosa, atentados a la libertad de trabajo y daños económicos a la cementera Fancesa, a raíz del bloqueo que realizaron en junio por la rebaja del flete de carga de cemento hacia Santa Cruz.
El presidente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, solicitó ayer a ambos sectores que dialoguen para evitar perjuicios a la población, que recientemente vivió el conflicto de la COB por el tema de Enatex.
El 1 de julio, el Gobierno promulgó la Ley 812 de Modificaciones al Código Tributario, que establece beneficios para los contribuyentes con una disminución de multas e intereses.
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