La Cámara de Transporte Pesado del Oriente advirtió ayer que el plazo para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reponga los contratos anulados a las empresas que transportan carburantes a Argentina vence hoy. Caso contrario, asumirán medidas extremas, dijo ayer su ejecutivo, Roger Rivero.
Los transportistas de Santa Cruz marcharon el lunes por el centro de esa ciudad en protesta porque la estatal petrolera anuló contratos de prestación de servicio para el transporte de líquidos a las empresas Creta SRL y Vartra-Boliq y Asociados.
Por esta medida unilateral de YPFB quedaron varados alrededor de 200 camiones cisternas y similar cantidad de familias han sido afectadas, debido a que los choferes se quedaron sin su fuente de trabajo, señaló Rivero.
Debido a supuestos vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico en Argentina, ambas empresas son investigadas. El caso, conocido como “narco-cisternas”, fue sacado a la luz en Bolivia por el diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio.
El directorio de los transportistas se reunió ayer en Santa Cruz y determinó que si YPFB no responde de forma favorable a sus pedidos, a partir de mañana radicalizarán su protesta. El envío de una comisión a La Paz para dialogar con autoridades del Gobierno, nuevas marchas en Santa Cruz y el bloqueo de la frontera a Argentina por el lado de Yacuiba son las alternativas que manejan los afectados.
El diputado Monasterio se encuentra en Buenos Aires (Argentina) buscando mayor información sobre las empresas supuestamente ligadas a las “narco-cisternas”. Antes de partir señaló que solicitaría audiencia en la Fiscalía General e indagaría con la Policía y con colegas diputados de la capital bonaerense.
El lunes, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que la renuncia del ahora exgerente de comercialización de la estatal petrolera, Mauricio Marañón, no está relacionada con el caso. También dejó en claro que él no tiene nada que ver con el asunto y por lo tanto no piensa en dimitir.
Droga en 11 camiones de Sejas
En los últimos cuatro años, 11 camiones de cinco compañías ligadas a José Luis Sejas Rosales fueron secuestrados con droga en Argentina, según el diario La Nación. El empresario boliviano pretendió introducir más de 450 kilos de cocaína y pasta base, también 35.000 litros de tolueno, un precursor en la producción de clorhidrato de cocaína, señala una nota publicada por ese diario el pasado domingo.
En el juzgado federal Nº 1 de Salta se registraron 10 casos de contrabando de cocaína desde Bolivia a la Argentina, realizados en los últimos cuatro años por las firmas Transanic, Trans GTI, Transporte JAC La Sierra, Creta, Trans Land Cargo. Se sospecha también de Vartra-Boliq SRL. Los únicos procesados eran los choferes, todos contratados por un mismo holding de empresas ligado a Sejas. Lo llamativo es que varios camiones secuestrados con droga fueron devueltos a Sejas, quien volvió a usarlos para introducir cocaína, señala la nota.
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