El incremento inusual de las tarifas, dispuesta por la Federación de Juntas Vecinales de Oruro, luego de una negociación con los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal, generó descontento y rechazo de la ciudadanía, especialmente de los barrios periféricos.
El mismo Concejo Municipal de Oruro rechazó el acuerdo y advirtió que siguen en vigencia las tarifas del 2011. El presidente del organismo legislativo y fiscalizador de la ciudad, Juan José Ramírez, consideró que algunas instituciones “pretenden usurpar funciones que no les corresponde”.
Explicó que, por esa situación, el Concejo decidió rechazar el incremento de los pasajes del transporte urbano, porque no se ha realizado conforme a ley, sino con la mediación de la Central Obrera Departamental y el Comité Cívico de Oruro, “sin tener funciones de esa naturaleza”.
La Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales, presidido por José Flores, rechazó el “tarifazo del transporte urbano, por ilegal” e instruyó a los vecinos de la ciudad de Oruro “desconocer cualquier acuerdo traidor y hacer respetar las actuales tarifas de 1.20 bolivianos por persona, 70 centavos por universitario y 50 centavos para los escolares”.
Flores instruyó a la población “pagar con moneda sencilla” y exigir a la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel, y al Concejo Municipal, “sancionar el tarifazo del autotransporte, bajo alternativa de iniciar acciones legales por incumplimiento de la ley y de sus obligaciones”.
Por ese motivo, las juntas vecinales se declararon en “estado de emergencia movilizada, instruyendo a los vecinos preparar sus movilidades para operar como transporte libre, pidiendo al municipio la implantación del transporte sin exclusividad de ninguna naturaleza”.
Por su parte, el secretario general de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal, Aniceto Choque, dijo que los vecinos “han aceptado, a través de sus dirigentes, el incremento de las tarifas, después de varios días de negociaciones, con la intervención de la Alcaldía”.
Mientras tanto, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Oruro, Samuel Mendizabal, dijo que efectivamente “aún no puede entrar en vigencia las tarifas acordadas, porque para eso tiene que haber una ordenanza municipal de parte del Concejo”.
Sin embargo, explicó que la aceptación de la propuesta de 1.40 bolivianos del pasaje en minibús se debió a “las posibles implicaciones que tenga el estudio socio económico que realiza la Alcaldía, donde se podría incluso fijar como tarifa mucho más que la tarifa de 1.40 bolivianos”.
Las juntas vecinales de diferentes sectores desconocieron a Mendizabal como dirigente. Por ejemplo, Elsa Callejas, representante de la junta vecinal de los barrios mineros, dijo que se ha rechazado el acuerdo y se exige el respeto a la ordenanza municipal 046/2013, que establece el pasaje de 1.20 bolivianos en los minibuses y 1.00 boliviano en los micros.
El presidente del Concejo Municipal, Juan José Ramírez, reiteró ayer que el acuerdo entre vecinos y choferes “no tiene ningún valor legal”, mientras que el comandante de la Policía Departamental de Oruro, coronel Emilio Espinoza, pidió la ayuda de la ciudadanía para “hacer respetar las tarifas oficiales”.
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