Cerca de 300 vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, circulan en el municipio de Chulumani sin placas de control y sin aportar ni un centavo a esa jurisdicción del departamento de La Paz, sin embargo, estos son utilizados como vehículos de transporte público.
En una visita al lugar, EL DIARIO verificó que muchos de estos motorizados son modelos Caldina, Toyota Spyder o minibuses conocidos como carris que efectúan el traslado desde esta localidad a otras poblaciones rurales utilizando las vías atendidas por el Municipio, sin embargo, el alcalde municipal de Chulumani, Aníbal Beltrán, denunció que éstos no efectúan ningún aporte tributario a dicha instancia.
La autoridad edil admitió que en su localidad existe este tipo de transporte ilegal, pero afirmó también que poco o nada puede hacer ante la ausencia de apoyo y presencia de efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) o incluso de la propia Policía Boliviana.
“Desde mi gestión, que inició en septiembre, nunca hemos verificado que Diprove o la Policía Nacional, junto con la Aduana, realicen algún control en esta localidad, por el momento nosotros no hemos visto ningún control u operativo que realicen en esta región por lo tanto no podemos dar a conocer cuál es la situación de estos vehículos sin placa de control”, aseguró la autoridad Edil.
El alcalde Beltrán recordó que en una oportunidad los propietarios de vehículos indocumentados organizados, sobre todo en la Asunta, Caranavi y Chulumani, solicitaron el apoyo por parte de su Comuna, situación que fue negada con la finalidad de no ser cómplices, como instancia local, de la ilegalidad de aceptar vehículos indocumentados.
“El municipio no recibe ningún aporte de los vehículos ‘Chutos’, los cuales en los últimos años se han ido incrementando pero como autoridades locales no realizamos ningún respaldo, por lo que si alguna vez existe algún operativo policial, ellos deberán afrontar esa situación”, expresó la autoridad de Chulumani.
Asimismo, el burgomaestre reconoció la inexistencia del sistema del RUA para formalizar el cobro del parque automotor, pero al mismo tiempo observa un perjuicio del sector de vehículos indocumentados quienes, además de no aportar, utilizan las vías públicas mantenidas por el Municipio del lugar y realizan el servicio de transporte público.
Agregado a ello, se denunció que los propietarios de vehículos indocumentados que realizan un servicio público, al no tener su documentación legal no poseen el Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo tanto las personas afectadas podrían quedar abandonadas a su suerte en caso de registrarse accidentes de tránsito.
“Nosotros les hemos indicado que no utilicen estos vehículos como servicio público, pero no hacen caso, hacen lo que quieren los propietarios, porque no llegan autoridades nacionales, no hay la presencia de Diprove o de la Aduana Nacional”, observó Beltrán.
Para la autoridad, quien es presionada por los propietarios de vehículos indocumentados, poco o nada se puede hacer para controlar a este sector, ante la ausencia de otras instancias de Estado que ejerzan el control o la aplicación del Decreto Supremo 29836 del 3 de diciembre del 2008 que es ejecutado con mayor drasticidad en sectores urbanos, pero inexistente en localidades rurales del sector de los Yungas.
Beltrán reconoce haber sido abandonado por autoridades nacionales, “solo no podemos cumplir las normas, porque debe haber otras instancias que hagan el control más riguroso sobre el control de vehículos”.
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