La decisión de la Sala Constitucional que autoriza al Ejecutivo municipal de Santa Cruz de la Sierra a ajustar el precio del pasaje del transporte urbano ha generado fuertes reacciones entre los concejales opositores, quienes cuestionan la falta de un estudio técnico que respalde la medida y denuncian un posible acuerdo entre el alcalde Jhonny Fernández y el sector transporte.
El concejal Juan Carlos Medrano afirmó que el fallo judicial no beneficia al transporte, sino que pone en evidencia la "incapacidad" del alcalde. “El alcalde presentó un supuesto estudio técnico de cuatro hojas sin respaldo. Eso no es un análisis de costos serio. Ahora la justicia le ordena cumplir con su trabajo y hacer un estudio real para recién modificar la tarifa", explicó.
Según Medrano, la falta de datos transparentes beneficia a ciertos transportistas, especialmente aquellos que operan en rutas cortas y de alta demanda. "Hay líneas que deberían bajar su tarifa de dos bolivianos a 1,50, porque no tienen gastos de mantenimiento significativos", indicó.
El concejal opositor también cuestionó la relación entre el Ejecutivo y los transportistas. “Esto parece un acuerdo. Sabemos que hay líneas de micros que cobran rentas diarias exorbitantes y generan ingresos millonarios. Un estudio técnico revelará la realidad que el transporte quiere ocultar. Aumentar la tarifa sin un estudio técnico sería un abuso”, agregó.
Por su parte, la concejala Lola Terrazas calificó la resolución judicial como un mecanismo para evadir responsabilidades. “Esto parece una lavada de manos del alcalde. Se ampara en el fallo judicial para justificar un alza del pasaje sin mejorar el sistema de transporte. El plan de Buses de Transporte Rápido (BRT) fue desechado, y desde entonces no se ha presentado ninguna alternativa”, afirmó.
Manuel Saavedra, otro concejal opositor, criticó la falta de gestión del Ejecutivo. “El alcalde tuvo años para hacer un estudio tarifario, pero no le dio la gana. Ahora, la justicia le obliga a definir las tarifas. La pregunta es si lo hará con esos papeles improvisados, que mandó al Concejo o con un análisis técnico real”, declaró.
La postura de la Alcaldía
Por su parte, Bernardo Montenegro, vocero del municipio, aseguró que la Alcaldía cumplirá el fallo judicial una vez sea notificada oficialmente. Sin embargo, reiteró que el Concejo Municipal evitó tratar el tema del alza tarifaria en su momento. "Es lamentable la postura política de los concejales, quienes no asumieron su responsabilidad y llevaron al sector transporte a buscar justicia por otros medios", indicó.
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