En la exfábrica Said la Policía toma exámenes de conducción a quienes aspiran a una licencia. Lo hace dos veces a la semana: miércoles y viernes. Decenas de alumnos asisten desde las 7:30, una vez que pagaron 100 bolivianos por inscripción a la "escuela” de Tránsito y aprobaron el examen teórico.
Para la prueba en la categoría "P” (particular) cada quien lleva su vehículo, lo mismo ocurre en la "M” (motociclista). Pero para las categorías profesionales "A”, "B” y "C” los alumnos deben alquilar carros a particulares.
Son 25 bolivianos en las dos primeras categorías y 50 bolivianos en la última. El dinero se entrega al supuesto dueño del motorizado ante la vista de los policías y supervisores del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), sin recibir una factura o constancia por el pago.
Los exámenes duran más o menos hasta las 10:30. Se calcula que en tres horas los "propietarios” de los vehículos reciben el pago de al menos 22 aspirantes cada uno (según el director de la División de Capacitación, Evaluación y Educación Vial de Tránsito, Sergio Bustillos), por lo que recaudan 550 bolivianos en las categorías "A” y "B”, y 1.100 bolivianos en la "C”; aunque en ésta al parecer son menos los postulantes.
Al ingresar a la exfábrica Said el portero, un hombre mayor de overol azul y dientes plateados, que se niega a dar su nombre, exige un boliviano a todo aquel que pase por la puerta. "El dinero lo entrego a los dueños, son varios, no puedo decir uno por uno”, explica.
Cerca está una teniente y un funcionario del SEGIP que evalúan en la categoría "A”. El conductor aborda la vagoneta Toyota con matrícula 1769-ZCP y si termina la prueba paga 25 bolivianos, si se mueve apenas unos centímetros también debe pagar y repetir el examen otro día y volver a pagar.
La transacción con el supuesto dueño del coche, un hombre de gorra y deportivo, es rápida.
El procedimiento se repite para la "B”, donde vigila un suboficial y también alguien del SEGIP. El dinero se entrega a una señora de pollera, quien se presenta como la dueña del minibús Toyota 2501-DUY. Aunque otros días la prueba se hace en un minibús Toyota con placa 1605-LTS.
En la "C” supervisa el teniente coronel Bustillos y una funcionaria del SEGIP. Los 50 bolivianos se entregan a Freddy Valencia, quien dice ser propietario del ómnibus Nissan azul con placa 1092-HSP.
Bustillos explica que la Policía no recibe un centavo de estos cobros y que Tránsito no tiene ningún tipo de contrato ni acuerdo con los propietarios de los carros. "Vemos de algún sindicato, se habla con la persona, si está de acuerdo bien; si no, suspendemos la prueba porque no tenemos los vehículos. Esto fue iniciativa de los postulantes que no siempre tienen este tipo de coches”.
Él considera que los montos no son excesivos para el mantenimiento de estos coches y añade que a nadie se le obliga a pagar, pues antes se les advierte que pueden llevar sus propios carros "que cumplan con las condiciones del SEGIP” o cancelar el alquiler.
Pero los conductores consultados dicen que nunca se les dio la opción de llevar sus vehículos y que sólo en el lugar se enteran que deben pagar. "Pero necesitamos la licencia”, dice uno. "Deberían poner esto ya en los requisitos”, añade otro.
Valencia dice que lo contrataron los aspirantes, aunque ellos desconozcan tal extremo, y cuando se le pregunta si debería dar factura o algún comprobante balbucea: "No, no, yo no”.
El oficial Bustillos sostiene que como la transacción "es casi como un contrato entre partes” no está en sus atribuciones obligar a la emisión de facturas o algún tipo de comprobante.
La propietaria del minibús 2501-DUY dice "¿factura de qué?, de ninguna manera podría haber”. Pero en Impuestos Nacionales un funcionario explica que "toda persona que genere ingresos desde cinco bolivianos está obligada a emitir factura”.
El hombre de la vagoneta 1769-ZCP se esconde tras ella, parece nervioso. Cuando se le pregunta quién es el dueño del coche señala hacia un lugar vacío, "debe estar por allá”, dice. Cuando se le insiste que es a él a quien se paga los 25 bolivianos, se pone serio y responde: "No voy a hablar”.
La "escuela” de Tránsito depende del director departamental de Tránsito, Ramiro Lafuente. Se lo aborda al salir de su oficina, pero se niega a hablar. "Ya me contaron por celular (lo ocurrido), si es de la escuela hablen con el coronel Bustillos nomás”.
Arbitrariedad en evaluaciones
Existen denuncias de que los inspectores del SEGIP y funcionarios de Tránsito califican a los alumnos que pasaron la prueba práctica de conducción de forma arbitraria.
Pues se les asigna un puntaje por pruebas que nunca hicieron en los exámenes que se realizan en la exfábrica Said, como "ingreso a circulación, llegada a intersección, adelantamiento, separación de otros vehículos,
etcétera”.
Al respecto, a través de un cuestionario, el SEGIP respondió: "Actualmente el Segelicestá realizando la modificación a los lineamientos de evaluaciones conductivas más acorde a nuestra geografía y categorías de licencias”.
Sobre los cobros en el examen de conducir señala que se sancionó a dos escuelas, pero no se refiere a la escuela de Tránsito.
No comments:
Post a Comment