Carlos Romero: El Gobierno tiene listo el proyecto Taxi Seguro; busca financiamiento

En una entrevista con La Razón, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó sobre próximos pasos que pretende dar el Gobierno nacional para garantizar la seguridad ciudadana en Bolivia, ya que la delincuencia es percibida por la gente como su principal problema. Dentro de la estrategia de lucha contra el crimen se pretende instalar botones de pánico en los taxis para dar auxilio al usuario y al chofer. Al menos este año, La Paz no tendrá patrullaje aéreo.

— ¿Cuáles son los nuevos planes de su cartera en la lucha contra la delincuencia?

— Luego de la Cumbre de Seguridad Ciudadana efectuada los primeros días de febrero de 2013 en Tarija, asumimos como Ministerio de Gobierno la tarea de consensuar una estrategia quinquenal que ha sido puesta en vigencia a través de un decreto supremo aprobado en junio de ese año. Un componente es la definición de un régimen jurídico, pues teníamos una normativa obsoleta. Hemos aprobado la ley contra la trata de personas, la regulación del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y varios otros. Todavía hay un paquete de normas que están en proceso, como el Código de Procedimiento Penal.

— ¿Por qué ve necesaria una reforma del Código de Procedimiento Penal?

— Hay retardación de justicia, hay corrupción. Desde mi óptica, el procedimiento penal no está equilibrado, le da poder discrecional a los fiscales, de los fiscales dependen los policías, además tienen muchas potestades. No hay una correlación de fuerzas armónica en la administración del proceso penal y no hay mecanismos de pesos y contrapesos, de controles cruzados, en las tareas de fiscales y jueces. Todos esos elementos deberíamos redefinirlos, no se justifica la presencia de jueces ciudadanos porque su papel es casi testimonial y el proceso de designación es demasiado largo con lo que se dilatan los procesos.

— Otro de los componentes del plan quinquenal es la utilización de nueva tecnología de seguridad, ¿cuáles son los avances?

— Ahí están las cámaras de vigilancia, la Policía Aérea, los GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para el control del transporte interdepartamental. Las cámaras de videovigilancia multiplican diez veces la capacidad de control de la Policía; no es lo mismo tener un policía recorriendo unas cuadras, que uno mirando todo lo que pueden captar esas cámaras.

En el tema de cámaras estamos avanzando. En Santa Cruz tenemos 190, en Cochabamba la Gobernación está en proceso de instalación de 130 equipos; Quillacollo (municipio cochabambino) tiene 100 cámaras, está por encima del estándar internacional y ha bajado en 70% su estadística delictiva. El Alto tiene 30 y La Paz 60. Creo que las capitales de departamento, por ejemplo, van a estar inundadas de cámaras. Para este año en Bolivia vamos a estar por las 600 cámaras.

— ¿Cuáles son los próximos proyectos que se van a encarar en este campo?

— Se trata de establecer un sistema tecnológico que no solo permita luchar contra la delincuencia, sino que ayude en emergencias. Próximamente tendremos la interconexión de la patrulla aérea y la patrulla terrestre, un sistema de taxi seguro con la instalación de GPS y botones de pánico que permitirán neutralizar delitos.

— ¿En qué consiste esta interconexión entre la patrulla aérea y la terrestre, y cuáles las ventajas para el ciudadano?

— Necesitamos interconectar el sistema de cámaras de vigilancia con el patrullaje aéreo y el patrullaje terrestre para transmitir y procesar imágenes en tiempo real e inclusive llegar hasta el celular del policía o patrullero que esté más cerca del lugar del hecho.

— ¿En qué consiste el proyecto del Taxi Seguro?

— Necesitamos registrar no solo lo que pasa en la calle, sino dentro del vehículo de transporte público. Este sistema consistiría en instalar GPS en los taxis, pequeños chips, y tres botones de emergencia: uno junto al conductor, otro junto al pasajero y un tercero en la maletera del vehículo. Si el chofer es la víctima, puede activar el botón, que emite una señal al Centro de Monitoreo, el cual se conectará con el patrullero o policía que esté más cerca para intervenir. Si el pasajero es la víctima, puede activar el botón, incluso desde la maletera.

— ¿Desde cuándo se aplicaría este proyecto?

— Es un proyecto muy costoso, pero es muy eficiente para eliminar los delitos exprés en vehículos de transporte público. De hecho, el proyecto y diseño técnico lo tenemos listo hasta en sus últimos detalles; lo que hay que ver es el tema de recursos.

— A mediados del año pasado se anunció la compra de helicópteros para implementar el patrullaje aéreo en La Paz y Cochabamba, ¿en qué quedó este proyecto?

— En el caso de La Paz, por la altitud, se requieren helicópteros multipropósito de gran capacidad en operación en altura, a diferencia de Santa Cruz, donde se usan los Robinson que utiliza la Policía en todas partes del mundo. Para La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba se requieren helicópteros que tienen un costo seis veces mayor al de un Robinson. En La Paz necesitaríamos unos $us 10 millones para tener dos helicópteros. No hemos tenido posibilidad de hablar con autoridades de la Gobernación y las alcaldías de la región metropolitana. Confío que el próximo año vamos a avanzar en algunas regiones. El otro componente es la modernización de la Policía, la desconcentración y las estaciones policiales integrales.

— Cuáles son las ventajas de este último eje?

— El concepto de las estaciones policiales integrales un poco se inspira en el Plan Cuadrante diseñado en Chile, dado que se hace un mapeo del territorio que se quiere abarcar y se hace una distribución estratégica de la Policía de una manera multifuncional. Se pretende que en las EPI se articule el trabajo de la Policía y la administración de justicia. No es suficiente desarrollar acciones de lucha contra el crimen si los operadores de justicia no adoptan decisiones consustanciales. Se intenta una toma de decisiones coordinada. También se pretende articular el trabajo del Ministerio Público y de los juzgados contravencionales, que tendrían que crearse en algún momento para desconcentrar la justicia.

Perfil

Nombre: Carlos Gustavo Romero

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Investigador y asambleísta

Desde su juventud se relacionó con movimientos sociales y desempeñó cargos dirigenciales en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue primer asambleísta constituyente del departamento de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente. Entre 1995 y 2000 fue responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS. A fines de 2000 asumió la dirección ejecutiva nacional del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). En 2008 fue Ministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, en 2009 Ministro de Autonomías, y en 2011 Ministro de la Presidencia.