El Ministerio de Gobierno investigará las irregularidades en la obtención de rosetas de inspección técnica vehicular por parte de conductores del transporte público.
"No conocíamos de estas denuncias, pero vamos a abrir una investigación. Mientras no tenga datos certeros, no puedo adelantar ningún criterio”, declaró ayer a Página Siete el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La semana pasada, este medio realizó un recorrido por seis puntos de inspección y se evidenció que de cada 80 motorizados que eran revisados, sólo dos pertenecían al transporte público. Días después, 45 conductores revelaron que la Policía enviaba comisiones a las sedes sindicales para hacer ese control.
El miércoles, algunos conductores admitieron que pagan 10 o 20 bolivianos más del monto establecido (20 bolivianos) para la obtención de la roseta con el fin de no hacer fila en los puntos habilitados, porque la Policía pasa por alto fallas de los vehículos y acepta documentos que son rechazados en los lugares fijados.
"Este tipo de acuerdos entre dirigentes sindicales y la Policía no debería existir, pero lo que corresponde es que esto se llegue a comprobar”, instó Romero.
La autoridad gubernamental dijo que para el próximo año se espera que los puntos de inspección vehicular se instalen al lado de las unidades policiales para que la revisión sea supervisada por altos jefes policiales.
Este medio intentó obtener una versión del comandante de la Policía, Wálter Villarpando, respecto al trato que se da al transporte público; sin embargo, sus asesores informaron que estaba en una reunión y tampoco respondió las llamadas.
Por su parte, la dirigencia del transporte público evitó dar un respuesta al respecto. El máximo representante de la Confederación Nacional de Choferes, Franklin Durán, pidió consultar con los dirigentes departamentales sobre la postura del Gobierno; mientras que el secretario de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, Julián Manzaneda, no quiso conversar alegando que estaba ocupado.
El plazo de la inspección vehicular se amplió hasta el próximo 11 de abril, pero en las filas de los puntos autorizados no se observan coches de servicio público.
La Policía se abre a la fiscalización
El director nacional de Fiscalización y Recaudaciones, Filman Urzagaste, aceptó que el Gobierno investigue las presuntas irregularidades en la obtención de las rosetas de inspección vehicular por parte del transporte público.
"El Gobierno tiene todo el derecho de investigar. Es lo que se debe hacer. Yo mismo pedí que vaya el Digipi (Dirección General de Investigación Policial Interna) y hasta el Ministerio de Transparencia para que se investigue, es así como se debe actuar”, sostuvo.
Respecto a los pagos extra que realizan los choferes a sus dirigentes sindicales para que los efectivos policiales pasen por alto algunas irregularidades en las inspecciones realizadas en sus sedes, el jefe policial dijo que no es cierto.
"Los choferes dicen que pagan a sus dirigentes, no a la Policía”, aseveró.
Asimismo, reiteró que las comisiones móviles son legales, pero que en su gestión no fueron ni serán implementadas. "Son mis atribuciones el suspender o reactivar estas comisiones”, aseveró Urzagaste.
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