A un mes y 22 días de la pretendida imposición tarifaria de 1,50 en minibús y 1,30 en micros por parte de los transportistas, el tema del costo de pasajes en transporte público en Oruro continua en debate y para hoy se anunció paro de transporte, movilizaciones de vecino y choferes, mientras el presidente del Concejo Municipal, Juan José Ramírez y la alcaldesa, Rossío Pimentel, evaden responsabilidades. Uno culpa al otro y otro dicen que es un tema político.
El Concejo emitió la Ordenanza Municipal 046/2013, la cual homologa el acuerdo suscrito entre vecinos y choferes en abril del 2011 el cual estipula que los costos de pasajes para mayores en minibús de 1,20 a 1,30 bolivianos, en micro a 1 boliviano, y 0,80 para universitarios y 0,50 para escolares, determinando que el 15 de este mes debía presentarse un estudio técnico, cuyo resultado es de 1,70 y 1,60 bolivianos en minibús y micro respectivamente, lo cual molesta a usuarios y favorece a choferes.
Sobre el tema, el presidente del Concejo, Juan José Ramírez, pidió que se tome con calma la decisión sobre tarifas, calificando que el estudio de costos técnico es incompleto por no contar con datos socioeconómicos, sobre la realidad económica de la población de Oruro. Cuestionó que desde el ejecutivo no se hayan hecho esfuerzos para el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 046/2013.
Por su parte la burgomaestre, Rossío Pimentel, manifestó que el problema de tarifas del autotransporte está siendo manejado por algunas personas con tinte político partidario.
"Mirando cómo se dan los hechos, la ciudadanía está consciente porque este tema es político partidario, donde muchos buscan protagonismo, todos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Yo los he visto salir anoche de la Gobernación a todos cerca de las 23:00 horas, y lo siento mucho lo digo lo de mañana será un show en las calles y el único perjudicado es el pueblo, no habrá transporte. Pido en honor a las fiestas de fin de año que depongan actitudes para buscar soluciones para el beneficio del pueblo", dijo Pimentel.
De esta manera ambas autoridades evadieron responsabilidades, sin dar una opción de solución o estrategias que coadyuve a la población para movilizarse en esta jornada.
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